La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

 

El pasado 1 DE Julio de 2015, entró en vigor la tan anunciada y esperada reforma del Código Penal sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Esta reforma se puede calificar de muy trascendente por el mundo empresarial dado que incorpora novedades y profundiza sustancialmente en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores y directivos en empresas y corporaciones.

Las empresas verán necesario adoptar programas de Corporate Compliance o de Prevención de Riesgos Delictivos.

La nueva redacción del artículo 31bis del Código Penal, mantiene el régimen sancionador para las empresas y otras entidades o instituciones asimiladas, cuando se hayan cometido delitos en su nombre y beneficio propio, por parte de sus representantes legales (administradores y/o directivos), así como para sus empleados o subordinados a las órdenes de aquéllos.

Pero por otro lado, se introduce la posibilidad de exención de responsabilidad penal cuando:

1)  El órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia modelos de organización y gestión que incorporen medidas de vigilancia y control adecuados para la prevención de delitos.

2)  La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado haya confiado a un órgano con poderes autónomos de vigilancia y control (por aquellos casos de PYMES autorizadas a presentar cuentas abreviadas, esta función la puede asumir el órgano de administración).

3)  Cuando los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de prevención.

4)  No se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control.

Estos modelos de prevención o programas de Corporate Compliance, debidamente actualizados y verificados, deberán cumplir lo siguiente:

  1. a)  Identificar las actividades donde se pueden cometer delitos que deben ser prevenidos.
  2. b)  Establecer los protocolos y procedimientos de adopción y ejecución de las decisiones.
  3. c)   Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos.
  4. d)  Imponer la obligación de informar de los riesgos e incumplimientos al órgano de supervisión.
  5. e)  Establecer un sistema disciplinario que sancione los incumplimientos.

Las sanciones penales (penas) que podrán ser impuestas por la comisión de delitos corporativos son elevadas, ya sea en términos económicos, como en términos de reputación; llegando incluso, en los casos más graves, a la disolución de la sociedad, entre otras medidas interdictivas.

Sin embargo, la responsabilidad penal corporativa, podría ser objeto también de atenuación en función de que:

1-  La persona jurídica confiese la infracción a las autoridades antes de que éstas la descubran.

2-  Que la persona jurídica colabore en la investigación aportando pruebas decisivas para esclarecer los hechos y las responsabilidades.

3-  Que se repare el daño causado por el delito.

4-  Que se establezca antes del juicio medidas eficaces para prevenir la comisión de nuevos delitos, es decir, modelos de prevención o programas de cumplimiento (Corporate Compliance).

En definitiva, antes de verse involucrado, incluso de forma inconsciente, en asuntos de blanqueo de capitales, ilícitos medioambientales, irregularidades contables, perjuicios a los consumidores, atento contra la propiedad intelectual / industrial, vulneración de la libre competencia, incumplimiento de obligaciones fiscales, insolvencias punibles, etc.; ahora, más que nunca, es imprescindible disponer de un Modelo de Prevención de Riesgos Delictivos o Programa de Corporate Compliance, para evitar responsabilidades importantes del ámbito penal.

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